TUNUARY CHAVEZ, CRISTIAN CHÁVEZ Y VANESA GARCÍA
Los pueblos de América Latina

Los pueblos indígenas de América Latina han sufrido una persecución atroz sin cesar desde que comenzó la conquista, y hoy aún persiste, pero ahora operando desde modos más sofisticados y complejos, donde el botín de la delincuencia más organizada del mundo, la del poder, se hace de estrategias para atentar contra los elementos más fundamentales de la vida, como son las esencias de la vida o las funciones ecosistémicas, a las que el mercado global ha insistido en llamar servicios ambientales, que no es otra cosa que todos paguemos los costos de la devastación ambiental capitalista.
En medio de importantes ecosistemas cuidados por los pueblos indígenas y campesinos de Colombia se vive una complicada situación política y social, ante una guerra de exterminio que, además, se generaliza en todo el planeta, donde ocurren intensos procesos de migración, que transforman el despojo que ocurre en el campo en la explotación en corredores de miseria en las ciudades, en actividades económicas paradigmáticas por su naturaleza, como es en Colombia el reciclaje de basura.
En América Latina es difícil hablar de un registro histórico que permita calcular el inicio del trabajo de los recicladores, pero en el caso concreto de Colombia, a principios de la década de los años 50 era en un 70 por ciento rural, la violencia desatada en el campo, por las invasiones y agresiones por parte de militares, paramilitares y la guerrilla, ocasionaron la muerte de miles de campesinos, dejando a viudas y huérfanos producto de esta violencia, que sin otra opción migraron a las ciudades conformando una población sin oportunidades laborales.
Encontraron en las basuras una forma de sobrevivir, apareciendo así hombres, mujeres y niños que buscaban, entre las basuras de las plazas de mercado, comida para mitigar el hambre, y en las basuras de las casas, elementos para reusar, tal como madera para construir sus casas en predios abandonados por el Estado, o como fuente de calor para preparar alimentos y calentarse; ropa, tarros, frascos, papel, fue lo que adquirían de los cestos y basureros.
Hoy, miles de personas viven en los basureros haciendo una labor ya fundamental en la regulación ambiental de Colombia, en donde según la propia ministra de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Cecilia Rodríguez, al menos 10 de las principales ciudades de Colombia están al borde de una crisis sanitaria sin precedentes por saturación de sus depósitos de basura; el país tiene 40 millones de habitantes y produce cada día en sus centros urbanos 26 mil toneladas de basura que están en rellenos sanitarios cuya capacidad se ha agotado o está a punto de agotarse. Se ha documentado ampliamente que los recicladores manejan alrededor de 6 mil toneladas diarias de materiales reciclables de esa cantidad de basura, haciendo esta labor en todas las regiones del país.
Mientras estuvieron en el campo, cuidando su territorio y con ello los ancestrales equilibrios de la naturaleza, de ese cuidado dependió el agua, el oxígeno y toda la materia prima que se usó en las ciudades, importancia ecológica que cobra un nuevo sentido en las urbes con el manejo de la basura.
Los pueblos recicladores no han dejado de sufrir la persecución neoliberal, primero despojados de sus tierras, después la discriminación y el desprecio que los ha orillado a una situación de miseria, la falta de políticas sociales, la intolerancia social, los grupos de represión de “limpieza social”.
En 1985, en Bogota, más de 800 familias fueron expulsadas del basurero “El Cortijo”, en 1988 se cerró el basurero de Britalia, de donde expulsaron a 450 familias, siendo en 1992 una más grave muestra de fascismo de Estado contra los recicladores, cuando todo Colombia se estremeció al enterarse que 11 recicladores fueron ingresados con engaños a la Facultad de Medicina de la Universidad Libre de la ciudad de Barranquilla y ahí fueron asesinados mediante experimentos médicos para “fines docentes y pedagógicos”, esto se dio a la luz gracias a que uno de ellos logró escapar herido y denunciar el hecho a las autoridades.
La persecución fascista que denuncian los recicladores ha llevado a la formación de organizaciones gremiales y sindicales que se han enfrentado a la política del Estado neoliberal de Alvaro Uribe, que atenta contra reclamos laborales, pues con la denominada “ley 1259”, del 2008, en donde en su artículo 6 numeral 6 ataca las principales fuentes laborares de los recicladores y sus asociaciones, prohíbe a personas naturales y jurídicas que destapen y extraigan parcial o totalmente el contenido de las bolsas de basura una vez sacada para su recolección.
¿A quién favorece esta norma? Se trata de traspasar los beneficios de un modo de vida inducido por el capitalismo neoliberal con su destructiva industrialización y el millonario mercado de la basura, íntimamente ligado al mercado del petróleo del que se derivan los plásticos y principales contaminantes, junto con una embestida global para despojar a los pueblos originarios poseedores del 80 por ciento de los recursos naturales en el planeta, donde se dan procesos sociales emergentes, a las empresas privadas de manejo de residuos, favorecidas por las políticas gubernamentales. Tal es el caso de “Ecoeficiencia”, una de las principales empresas que provee de “servicios ambientales” manejada por Tomás Uribe, hijo del presidente Alvaro Uribe Vélez, empresa que ha recibido múltiples beneficios del Estado para favorecer su amplio nicho de mercado, siendo ahora este tipo de negocios los que son legales, mientras los pueblos recicladores son los delincuentes.