Cinco Indígenas me´phaa presos injustamente desde el 17 abril de 2008
Publicado por MISIÓN Y VISIÓN | Etiquetas: lucha de pueblos indígenas, Represión a la libertad de expresión | Posted On jueves, 19 de marzo de 2009 at 7:22
proporcionado por
CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA
Injusticia galopante
En las próximas horas el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito resolverá la situación de los cinco indígenas me´phaa –tlapanecos– presos injustamente desde el pasado 17 de abril de 2008, acusados de haber asesinado a un informante del Ejército. Para ellos exigimos la libertad inmediata e incondicional y nos sumamos al repudio que centenares de organismos sociales y defensores de los derechos humanos –incluida la prestigiada Amnistía Internacional– han manifestado con relación al estado de excepción en que viven las comunidades y organizaciones indígenas de Guerrero, destacadamente las de un municipio que poco honor hace a su apellido: Ayutla de los Libres.
Se trata, como lo referimos en nuestra anterior entrega, de defensores de los derechos humanos que, como en su momento lo hicieron Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, los dos dirigentes naa savi –mixtecos– recientemente asesinados, se han dedicado a denunciar los abusos y las violaciones a los derechos humanos que el Ejército Mexicano y otras instituciones del Estado realizan desde hace años en la región de Ayutla, siempre amparados en la más absoluta impunidad, en la estructura caciquil dominante en el sureño estado y en una justicia venal y al servicio de intereses inconfesables. Ciertamente el gobierno “democrático” y de “izquierda” del adalid empresarial Zeferino Torreblanca no ha provocado más que la profundización de tan miserable realidad.
Los cinco presos indígenas son integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), organización hermana de la Organización para el Futuro de los Pueblos Indígenas Mixtecos (OFPM) de la que Lucas Lucía y Ponce Rosas eran presidente y secretario hasta su trágica desaparición –el 13 de febrero pasado– y posterior asesinato. Ambas organizaciones, la OPIM y OFPM, anteriormente eran una sola organización denominada Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco, que destacó en el municipio de Ayutla por hacer la denuncia intransigente, tanto de las cotidianas tropelías y violaciones sexuales cometidas por miembros del Ejército Mexicano en contra de la población indígena y campesina de la región en su supuesta lucha contra el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y otras expresiones armadas de izquierda, como de las esterilizaciones forzadas realizadas por la Secretaría de Salud de Guerrero sobre numerosos hombres y mujeres de los pueblos me´phaa y naa savi durante los gobiernos de Angel Aguirre y René Juárez Cisneros.
Los cinco detenidos son: 1) Natalio Ortega Cruz, sobrino de Inés Fernández Ortega, mujer me’phaa víctima de violación sexual por parte de militares en 2002; 2) Romualdo Santiago Enedina, también sobrino de Inés Fernández Ortega; 3) Raúl Hernández Abundio; 4) Orlando Manzanares Lorenzo, líder de la OPIM y defensor de los 14 hombres de la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla, víctimas de esterilización forzada en 1998 y 2001; y 5) Manuel Cruz Victoriano, esterilizado por la Secretaría de Salud con el engaño de beneficios para su comunidad en 1998.
Al respecto de las esterilizaciones forzadas es importante recordar que el gobierno de Guerrero ha rechazado las recomendaciones emitidas por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Coddehum) bajo los números 041/1999, por la esterilización forzada en 1998 de 14 indígenas me’phaa en las comunidades La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, del municipio de Ayutla, y 035/2004, por la esterilización de 14 indígenas en la comunidad de El Camalote los días 16 y 17 de abril de 1998; asimismo, ha incumplido la que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con relación al caso de El Camalote.
Se trata, pues, de un caso de injusticia que es impensable en un Estado verdaderamente democrático y regido por el derecho, mas no en uno como el mexicano, que sistemáticamente se ha negado a respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, a la vez que alienta una silenciosa guerra genocida en contra de éstos que dura ya más de 500 años.
Se trata, como lo referimos en nuestra anterior entrega, de defensores de los derechos humanos que, como en su momento lo hicieron Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, los dos dirigentes naa savi –mixtecos– recientemente asesinados, se han dedicado a denunciar los abusos y las violaciones a los derechos humanos que el Ejército Mexicano y otras instituciones del Estado realizan desde hace años en la región de Ayutla, siempre amparados en la más absoluta impunidad, en la estructura caciquil dominante en el sureño estado y en una justicia venal y al servicio de intereses inconfesables. Ciertamente el gobierno “democrático” y de “izquierda” del adalid empresarial Zeferino Torreblanca no ha provocado más que la profundización de tan miserable realidad.
Los cinco presos indígenas son integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), organización hermana de la Organización para el Futuro de los Pueblos Indígenas Mixtecos (OFPM) de la que Lucas Lucía y Ponce Rosas eran presidente y secretario hasta su trágica desaparición –el 13 de febrero pasado– y posterior asesinato. Ambas organizaciones, la OPIM y OFPM, anteriormente eran una sola organización denominada Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco, que destacó en el municipio de Ayutla por hacer la denuncia intransigente, tanto de las cotidianas tropelías y violaciones sexuales cometidas por miembros del Ejército Mexicano en contra de la población indígena y campesina de la región en su supuesta lucha contra el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y otras expresiones armadas de izquierda, como de las esterilizaciones forzadas realizadas por la Secretaría de Salud de Guerrero sobre numerosos hombres y mujeres de los pueblos me´phaa y naa savi durante los gobiernos de Angel Aguirre y René Juárez Cisneros.
Los cinco detenidos son: 1) Natalio Ortega Cruz, sobrino de Inés Fernández Ortega, mujer me’phaa víctima de violación sexual por parte de militares en 2002; 2) Romualdo Santiago Enedina, también sobrino de Inés Fernández Ortega; 3) Raúl Hernández Abundio; 4) Orlando Manzanares Lorenzo, líder de la OPIM y defensor de los 14 hombres de la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla, víctimas de esterilización forzada en 1998 y 2001; y 5) Manuel Cruz Victoriano, esterilizado por la Secretaría de Salud con el engaño de beneficios para su comunidad en 1998.
Al respecto de las esterilizaciones forzadas es importante recordar que el gobierno de Guerrero ha rechazado las recomendaciones emitidas por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Coddehum) bajo los números 041/1999, por la esterilización forzada en 1998 de 14 indígenas me’phaa en las comunidades La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, del municipio de Ayutla, y 035/2004, por la esterilización de 14 indígenas en la comunidad de El Camalote los días 16 y 17 de abril de 1998; asimismo, ha incumplido la que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con relación al caso de El Camalote.
Se trata, pues, de un caso de injusticia que es impensable en un Estado verdaderamente democrático y regido por el derecho, mas no en uno como el mexicano, que sistemáticamente se ha negado a respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, a la vez que alienta una silenciosa guerra genocida en contra de éstos que dura ya más de 500 años.
